Carta de Ciudad de México

La IX Asamblea de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), fue realizada en Ciudad de México del 11 al 14 de noviembre del 2016 y contó con la participación de cerca de 80 personas provenientes de organizaciones miembros de la CLADE, representantes estudiantiles y de la academia de 16 países de América Latina y el Caribe, además del Ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, Roberto Aguilar y de la Relatora Especial por el Derecho a la Educación de Naciones Unidas, Madame Boly Barry.

La CLADE instala la IX Asamblea y Seminario Internacional en México, en homenaje a las luchas sociales del país y en especial en homenaje a los 43 normalistas de Ayotzinapa, que fueron víctimas de desaparición forzada en septiembre del 2014, y a tantas otras personas, docentes, estudiantes, defensores de derechos humanos que han sido y siguen siendo criminalizados y criminalizadas en sus luchas por justicia y dignidad. Estas motivaciones nos llevan a demandar “Una Educación Emancipadora y Garante de Derechos”.

En el marco de un contexto regional y mundial profundamente regresivo, en el cual se ven los más graves atropellos a nuestras democracias y los derechos humanos, en particular tras el golpe de Estado en Brasil y el ascenso en la criminalización de los y las estudiantes en América Latina y el Caribe, la Asamblea reafirma que:

1. El rol de una educación emancipadora, liberadora y garante de derechos se hace más fundamental que nunca, para asegurar el fortalecimiento delpensamiento crítico, capaz de cuestionar y reflexionar sobre el contexto, y apuntar caminos hacia el fortalecimiento de nuestras democracias y la superación de las desigualdades y discriminaciones estructurales que marcan nuestras sociedades y que se están profundizando.

2. Una educación emancipadora y garante de derechos presupone estar orientada a los propósitos de los derechos humanos, para la construcción de  la paz, de ciudadanías activas, críticas y participativas, orientada a la realización de una vida digna, reconociendo las singularidades y diversidades de los pueblos.

3. Más que nunca es necesario promover una disputa sobre el sentido y los fines de la educación. Es necesario discutir en profundidad el proyecto político pedagógico de nuestros sistemas educativos, hacía que ideal de persona, de colectividad, de país, de región y de mundo apuntan.

Frente a este panorama, la CLADE declara: 

1. La urgencia de consolidar políticas de Estado que garanticen los derechos humanos de las mujeres, poblaciones LGBTI, afrodescendientes, pueblos y naciones indígenas, personas con discapacidad, poblaciones migrantes, refugiadas, solicitantes de refugio, entre otros grupos históricamente excluidos y discriminados en América Latina y el Caribe. En este sentido la CLADE rechaza toda forma de racismo, patriarcado, xenofobia y violencia contra los derechos humanos de las personas. Observamos con preocupación el ascenso de posiciones conservadoras y fundamentalistas que refuerzan la violencia e incitan el odio a la dignidad humana.

2. Un profundo rechazo a la descalificación de la perspectiva de género, a partir de un perverso intento de instalar la idea de una supuesta “ideología de género”. Esta descalificación es promovida por los sectores más conservadores de la política y de las Iglesias, que desde una posición patriarcal ataca a los derechos humanos de las mujeres y de las personas LGTBI. Reafirmamos la importancia del enfoque de género en la lucha contra el patriarcado, reforzando el rol de la educación para promover la igualdad y la superación de las discriminaciones. Asimismo, reafirmamos la urgencia de garantizar la educación laica en todos los países de la región.

3. Las tendencias homogeneizadoras de nuestros sistemas educativos, y por ende de sus sujetos, se enmarca como una violación al derecho humano a la educación. Las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales que ganan cada vez más terreno, implementadas sin debate público y frecuentemente definidas por actores privados ajenos a las realidades de los contextos, homogenizan los procesos pedagógicos educativos, así como a la población estudiantil y docente.

4. Observamos con preocupación el ascenso de actores privados con fines de lucro en la gestión pública, ocupando los espacios de toma de decisión en políticas públicas, orientando el sentido de la educación hacia lógicas empresariales y mercantiles, siendo no solamente indiferente a la realización del Derecho Humano a la Educación, sino incluso obstaculizándolo. Estas empresas consiguen lucrar, por ejemplo, desde la producción de materiales, desarrollo de currículos e instrumentos de evaluación o capacitación docente; asimismo, impulsan el individualismo y la competencia entre sujetos y centros educativos, contraviniendo los principios de los derechos humanos.

5. Alertamos sobre los procesos de militarización de la educación pública que viene ocurriendo en algunos países de la región, en donde se traslada la coordinación pedagógica de centros educativos a corporaciones militares. Estas iniciativas contravienen el derecho a la educación en su concepción más plena, que es la de garantizar la apropiación de la cultura y de valores democráticos en el ámbito escolar.

6. Ante la creciente prevalencia de las políticas de seguridad en detrimento de las políticas de derechos humanos en general, y de las políticas educativas en particular, genera inquietud que la agenda de seguridad, entendida como control, se instala en los sistemas educativos. Por ende, la prevalencia de la agenda de seguridad sobre la agenda de los derechos humanos se refleja en una pérdida importante de recursos públicos financieros para el sector educativo.

7. La realización del Derecho Humano a la Educación para todos y todas, a lo largo de toda la vida, presupone, necesariamente, la priorización de la educación en el presupuesto público, destinando lo que ya se ha acordado en el Marco de Acción 2030 y Declaración Ministerial de Lima (2014), que apunta a un mínimo de 6% del PIB para la educación. La asignación de recursos públicos que fortalezcan los sistemas públicos de educación, es condición indispensable para una educación gratuita, emancipadora y garante de derechos.

8. Denunciamos la regulación, restricción y criminalización de la protesta social de los movimientos educativos, especialmente de estudiantes, docentes y trabajadores que defienden el derecho humano a la educación. Ello a través de mecanismos legales y administrativos que sancionan o penalizan a quienes participan de las manifestaciones o protestas sociales, así como a través de prácticas institucionales de los Estados, expresando-se en muchos casos en asesinatos, persecución política, desapariciones e intimidación constante. Instamos a los gobiernos de la región de América Latina y el Caribe, a adoptar los instrumentos contenidos en las plataformas internacionales de derechos humanos para abandonar e impedir la violencia, proteger a defensores del derecho humano a la educación y promover la resolución no violenta de los
conflictos.

9. Denunciamos, la violación al derecho de participación de estudiantes y docentes de América Latina y el Caribe, como sujetos centrales de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Su participación en los diferentes procesos de toma de decisión, sea a nivel de la escuela, local o nacional, es un principio ético y un derecho humano. Subrayamos que la Convención de los Derechos de los Niños, ratificada por todos los Estados de la región, es clara en afirmar que niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen el derecho a participar de toda toma de decisión y que debe ser respetada. 

10. Hacemos un llamado para que las políticas y sistemas educativos sean respetuosos de los principios de los derechos humanos, en línea con los sentidos y propósitos de la educación enmarcados en los tratados de derechos humanos, tal como lo hemos expresado anteriormente. La totalidad de procesos políticos pedagógicos, incluso la definición de los sistemas evaluativos, deben estar al servicio de la paz, la democracia, la ciudadanía activa y la cooperación.

11. En esa perspectiva, apuntamos a la relación intrínseca e inseparable entre la educación y la cultura, la cual debe reflejarse en los sistemas educativos de América Latina y el Caribe. Los centros educativos son a la vez centros culturales, en donde las múltiples manifestaciones de las diversidades culturales no solo se expresan, sino que también se producen. Cultura es educación y educación es cultura. Separar estos campos se constituye un obstáculo, teniendo en cuenta la educación transformadora que defendemos.

12. Asimismo, defendemos la educación popular, desde la educación formal, no formal e informal, como principio y medio de transformación sociopolítica que nos permita trazar horizontes comunes de esperanza ante el contexto latinoamericano y caribeño, realizando una lectura crítica y cotidiana del contexto, la acción colectiva y la construcción de espacios socioculturales que contribuyan a disputar los imaginarios colectivos.

13. Reafirmamos nuestro compromiso de abrir espacios de dialogo y debates con el mayor número de personas posibles en nuestra América Latina y Caribe. Por ello, asumimos el desafío de profundizar estratégicamente el trabajo comunicativo ampliando alianzas y diversificando herramientas, con el horizonte de lograr una incidencia mayor en la construcción de un nuevo imaginario social en torno a la democratización y al DHE.

14. Manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo de Haití, siendo el país más azotado por la violenta tormenta del huracán Matthew que causo más de 260 muertos. Además acompañamos el proceso de demanda de una educación pública, gratuita y de calidad en este país.

15. Por último, reafirmamos nuestro compromiso con la nueva agenda de desarrollo sostenible 2030, y en particular con la agenda de educación 2030, así como con todos los marcos internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos mueve nuestra acción, desde el reconocimiento de la soberanía de los pueblos y desde la perspectiva de nuestras identidades regionales en América Latina y el Caribe.