"Tenemos rupturas del pacto democrático y un desencanto con la democracia en nuestra región"

Entrevistamos a Emilio Álvarez Icaza Longoria, sociólogo licenciado por la UNAM (México) y ex secretario ejecutivo de la CIDH, quien nos comenta la criminalización y represión contra defensoras/es de derechos humanos en América Latina y el Caribe

Por Fabíola Munhoz, de CLADE

Colaboró con la edición María Cianci, de ALER

Emilio Álvarez Icaza Longoria, sociólogo licenciado por la Universidad Autónoma de México (UNAM) y ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue uno de los participantes de la mesa “Hablemos de paz, democracia y los retos para la educación”, durante el seminario internacional “Educación emancipadora y garante de derechos”, que inauguró la IX Asamblea Regional de la CLADE en Ciudad de México.

En el contexto de este evento, lo entrevistamos respecto a la actual coyuntura de criminalización y represión a la protesta social, así como de golpes institucionales que atentan contra la democracia en distintos países de América Latina y el Caribe, indagando sobre los impactos de este escenario al derecho humano a la educación. “Todo el continente es un foco rojo: masacres, criminalización del movimiento LGBT, liderazgos indígenas amenazados. Podemos hablar de una 'Primavera Democrática' en América Latina”, afirma.

Oiga la entrevista a continuación.

¿Cómo debe ser, en su mirada, una educación emancipadora y garante de derechos?

 

¿Cuál es el escenario actual en América Latina y el Caribe, en lo que toca a la criminalización y violación de derechos de defensoras/es de derechos humanos?

Asistimos en nuestra región a una dinámica instalada de lucha de las y los estudiantes por más recursos y apoyo de los gobiernos a los sistemas educativos públicos, las/os cuales, cada vez más, vienen siendo blancos de políticas represoras cuándo se manifiestan pacíficamente, con procesos judiciales y arrestos infundados y violentos. ¿Nos podrías, por favor, comentar este contexto, indicando de qué manera instancias regionales, como la CIDH, pueden intervenir en defensa de estas/os manifestantes?

 

¿De qué manera la creciente restricción a la participación social y los atentados recientes a las democracias de nuestra región afectan al derecho humano a la educación?