Activistas comparten retos para el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos en la región

Durante este diálogo, que se impulsó en el marco del seminario internacional “Educación emancipadora y garante de derechos”, se destacaron los riegos que representa para el derecho a la educación la implantación de escuelas privadas de bajo costo en distintos países

Por Victor Cristales, coordinador del Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala y miembro del Comité Directivo de la CLADE

Durante el debate, el investigador de México, Juan Espíndola enfatizó los modelos que están en confrontación, por un lado, el llamado modelo de escuelas privadas de bajo costo y, por otro, la educación pública.

Se comentó que las escuelas privadas de bajo costo se implementan generalmente donde no hay servicios del Estado, cobrando a las familias de las y los estudiantes. En general, las y los docentes tienen como base para realizar su trabajo un Tablet, donde tienen incorporados los programas educativos. Estos y estas “maestros/as” no son certificados/as, y muchas veces tampoco son sindicalizados/as.
 
Asimismo, estas escuelas en general se ubican en bodegas, donde no se imparte una educación para la ciudadanía, sino una reingeniería inversa a la lógica humanística. El lema de este modelo es que “los pobres” pueden pagar poco, pero son muchos. Se comparte también que hay noticias esperanzadoras de que, en países como Uganda, el Ministerio de Educación ordenó que se cerraran las operaciones de las escuelas privadas de bajo costo.

Estos centros también buscan formarse como cadenas, preparando principalmente a jóvenes para el trabajo. Al concluir su exposición, Espíndola recomendó la creación de una red informal de correos de investigadores y activistas para que puedan intercambiar informaciones sobre esta temática.  

Seguidamente, Mauricio Chiluisa, de la Federación de Estudiantes Secundarios de Ecuador (FESE), presentó un recuento de la situación del derecho a la educación en el país, destacando que la nueva Constitución ecuatoriana elimina el cobro de las matrículas para acceder a la educación secundaria, las cuales antes costaban entre 25 y 30 dólares. Según el estudiante, en 2008, la Ley Orgánica de Educación incluyó las perspectivas del respecto a la diversidad cultural y de la educación bilingüe en el sistema educativo, representando un logro.

El 2010, a su vez, se inició la implantación de un nuevo bachillerato, en base a institutos tecnológicos. Este nuevo tipo de bachillerato fue implementado sin consulta a las comunidades educativas, y se fue convirtiendo en las llamadas unidades educativas del milenio. Escuelas comunitarias fueron cerradas para que sus estudiantes fueran a las escuelas del milenio. A juicio del estudiante, estas escuelas tienen una visión occidental e implican en el riego de pérdida de identidad, ya que es impone un uniforme gris, contra los atuendos típicos que utilizaban en las comunidades.

Chiluisa cuenta que se habían proyectado 700 escuelas del Milenio, y solo se han construido 65. Existían 20,000 escuelas comunitarias, y estas se disminuyeron a 15,000. Ahora se han remplazado las Unidades del Milenio por Unidades del siglo XXI. Se destacó en esta intervención la necesidad de garantizar la participación de la comunidad educativa en la definición de las políticas y los modelos educativos.

A su vez, Camilla Croso destacó la necesidad de fortalecer los sistemas públicos de educación, garantizándoles más inversiones. Expone la situación de Brasil, donde se promueve un recorte del presupuesto educativo, debilitando el sistema público. Resalta que el sistema educativo debe relacionarse más con los sujetos de la educación. “Un sistema es fuerte en la medida que refleja la participación de los sujetos de la educación”, afirma.

Además, abordó las escuelas privadas de bajo costo, donde tablets son utilizados por facilitadores para dar clases, y existe un irrespeto al sujeto educativo. “Las subjetividades no son valoradas y lo que estas escuelas buscan es matar la educación pública". 

En Brasil, se discute la gestión democrática, luego del golpe de Estado. Frente a este contexto, se destacó que es importante acudir a las cortes y comisiones de derechos humanos, enfrentando las tendencias privatizadoras de la educación. “Se está privatizando la política, como es el caso de la red de empresarias/os “Mexicanos primero” en México. Redes similares de empresarios de educación existen en 13 países de nuestra región”, alertó Camilla Croso.

A continuación, tuvo inicio una ronda de intervenciones, de las cuales se sacaron las siguientes conclusiones:

- Se identificó que los proyectos privatizadores se enfrentan a la soberanía y a la pérdida de identidades;
- Es necesario escuchar a los grupos más marginados y excluidos de la población, dándoles voz en la definición de las políticas educativas;
- Las madres y los padres de familia, y a otros actores de la comunidad deben organizarse, para la promoción y defensa de la educación pública;
- Los gobiernos deben respetar y garantizar el derecho a la participación, escuchando a la sociedad en lo que toca al debate y al diseño de las políticas educativas;
- En el caso de la población indígena, los Estados deben poner en práctica el contenido de la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), respetando el derecho de las y los indígenas a ser escuchadas/os y tener su opinión reconocida sobre los temas que las/os afectan.