ICE y la experiencia en el sistema de justicia por los derechos de niñas y niños indÃgenas
En el 2005, se creó en México la evaluación anual en el Sistema Educativo Nacional conocida como Prueba Enlace, aplicada cada año del tercero al sexto grado, en las escuelas primarias y en los grados de secundarias de todo el territorio nacional.
Publicado en el Fondo Regional de la Sociedad Civil para la Educación el 11 de noviembre de 2014
Realizado en el idioma español, el examen fue idealizado con el objetivo de evaluar los conocimientos de los y las estudiantes, considerando sólo elementos de la cultura occidental y urbana. Sin embargo, en diversos pueblos indÃgenas, se habla y se educa a los niños y niñas en la cultura y el idioma originario.
Por ello, la red de Incidencia Civil por la Educación (ICE) considera que este sistema de evaluación nacional discrimina en cuanto no es respetuoso de la cultura, la cosmovisión y las lenguas de los pueblos indÃgenas de México. Asimismo, recuerda que las leyes nacionales y pactos internacionales señalan el derecho a una educación pertinente cultural y lingüÃstica para todos y todas los miembros de las comunidades indÃgenas en las diversas regiones mexicanas.
La justificativa para la aplicación de la Prueba Enlace estaba en la presunta necesidad de evaluar la calidad del sistema educativo nacional, haciendo públicos los resultados de ese diagnóstico con el objetivo de mejorar. La Secretaria de Educación Pública (SEP), inclusive ha señalado que el aumento salarial de los maestros/as podrÃa depender del resultado de las niñas y niños en el examen.
La ICE, desde 2006, hace del trabajo por la promoción de la educación con pertinencia cultural y lingüÃstica una de sus principales luchas y, ante esta coyuntura, asumió este caso de violación del derecho a la educación de los pueblos indÃgenas como una gran oportunidad de llamar la atención sobre el tema a nivel nacional, promoviendo un debate que involucrara sociedad civil y Estado, incluyendo los Sistemas de Justicia. Es asà que la coalición, en articulación con el Congreso Nacional de Educación IndÃgena Intercultural y más de 80 organizaciones, redes y colectivos de la sociedad civil, asà como comunidades en los estados de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Yucatán – en dónde hay fuerte presencia indÃgena – ha sumado fuerzas para oponerse a la aplicación de la Prueba Enlace en comunidades indÃgenas.
Posicionamiento público y justiciabilidad por una educación con pertinencia cultural y lingüÃstica
En julio del 2008, maestras y maestros de la escuela primaria El Porvenir, de la comunidad
Nichte’el demandaron a la SEP, ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), cuestionando la aplicación de la Prueba Enlace a niños y niñas indÃgenas tzeltales. Ellas/os argumentaban que la prueba no sólo discrimina a los y las estudiantes del pueblo por la imposición de su realización, sino que también visibiliza el que se les niega la educación en su propia lengua y desde sus propias referencias culturales.
En febrero del 2011, el CONAPRED emitió un dictamen, en el que reconoce que el Sistema de Educación Pública “discrimina de forma indirecta†a los y las niñas indÃgenas, y publica 14 resolutivos que la SEP deberá acatar para reparar el daño. La ICE apoyó a este proceso, dándole visibilidad nacional y regional al caso, inclusive con la difusión de dos posicionamientos públicos sobre la necesidad de suspender la prueba en comunidades indÃgenas, aprovechando dos coyunturas: la aplicación de la prueba y las elecciones federales, cuando se presentó el documento a todos los candidatos a la presidencia.
Asimismo, la coalición ha participado activamente en un Grupo de Trabajo con la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe (CGIB), instancia federal encargada de ejecutar los resolutivos del CONAPRED respecto al caso de la prueba Enlace. El espacio de diálogo con las autoridades encargadas de echar a andar el plan de acción para el cumplimiento de dichos resolutivos es una experiencia inédita en que la sociedad civil obtiene un fallo positivo ante una institución y luego es consultada sobre el resarcimiento al daño. Este espacio ha implicado un esfuerzo grande de negociación de la ICE, para generar propuestas viables.
Asimismo, padres y madres de 2 comunidades indÃgenas han interpuesto un amparo judicial a la aplicación del examen para sus hijos e hijas, exigiendo su suspensión en los contextos educativos indÃgenas y la implementación de una educación y evaluaciones diversificadas acordes al contexto de las regiones multiculturales del paÃs.
La ICE, como parte del movimiento “Educación Digna para los Pueblosâ€, promovió entonces una conferencia de prensa, en la que se presentaron los aspectos centrales de la demanda, las evidencias de la incongruencia de la prueba, y los daños emocionales y culturales que implica para los niños y las niñas de los pueblos originarios continuar con estos mecanismos de estandarización y homogenización social en el paÃs.
En esa ocasión, se subrayó que dos escuelas primarias del sector indÃgena, ubicadas en los municipios de Las Margaritas y Huixtán fueron excluidas de la prueba Enlace debido a que un juez les otorgó protección provisional, luego de que las madres y los padres de familia de estos dos locales solicitaron un amparo. Luego, la comunidad de Huixtán obtuvo también un fallo definitivo a favor de su demanda. El ejemplo de las comunidades que lograron un amparo judicial promueve que lo puedan hacer otras comunidades en diferentes estados del paÃs. El gobierno, a través de la SecretarÃa de Educación, ha recién anunciado la suspensión de la prueba a partir del 2014, y la presión de muchos sectores de la sociedad civil mexicana por cancelar este sistema de evaluación ha influido, sino determinado esta decisión.
Lea la experiencia completa en la publicación La incidencia polÃtica de la sociedad civil por el derecho humano a la educación: relatos y aprendizajes desde América Latina y el Caribe – Volumen II
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